El mes pasado, la propietaria de una vivienda en Nueva York, Adele Andaloro, fue detenida tras cambiar las cerraduras de una casa que había sido incautada por ocupantes. Según The New York Post: «Andaloro fue acusada de desalojo ilegal porque había cambiado las cerraduras y no había entregado una nueva llave a los residentes. Los residentes, sin embargo, son ocupantes.
Afortunadamente, la detención de Andaloro fue filmada y se hizo viral, reavivando un debate en curso sobre los «derechos» de los ocupantes, en virtud de los cuales los intrusos pueden tomar posesión de una casa o un terreno desocupados e intentar establecer su propiedad legal.
Poco después de que saliera a la luz el vídeo de Andaloro, un inmigrante de TikToker con 500.000 seguidores publicó un vídeo en el que animaba a otros inmigrantes a ocupar residencias privadas en los Estados Unidos. El inmigrante, Leonel Moreno, explicaba a los posibles ocupantes que, según la legislación de EEUU, «si una casa no está habitada, podemos incautarla».
Estos vídeos han avivado la creciente preocupación entre los propietarios que han sido testigos de la explosión del número de residentes sin hogar agresivos tanto en el centro de las ciudades como en los suburbios. Esto, unido a los millones de nuevos extranjeros que inundan las ciudades de EEUU en los últimos años, ha aumentado aún más la preocupación por una población considerable, desarraigada y empobrecida que busca oportunidades de incautar viviendas desocupadas.
Estos ejemplos recientes han llevado a muchos americanos a preguntarse por qué existen los derechos de los ocupantes. Históricamente, ha habido algunas justificaciones razonables para esta práctica, como en tiempos pasados, cuando los registros inmobiliarios eran mucho menos precisos y estaban mejor conservados. En los tiempos modernos, sin embargo, los derechos de los ocupantes tienen poco sentido más allá de la redistribución de la propiedad a grupos de interés favorecidos. Además, los derechos de los ocupantes en los entornos modernos se parecen cada vez menos a los derechos de los ocupantes de la historia.
Gracias a todo esto, cada vez está más claro que los derechos de los ocupantes han dejado de tener la utilidad que alguna vez tuvieron. Ha llegado el momento de acabar con ellos.
Justificación de los derechos de los ocupantes
La idea de los derechos de los ocupantes —a menudo conocidos por el término más técnico de «posesión adversa»— no es nueva y se remonta a una época en la que la propiedad privada de la tierra no estaba tan clara como ahora. Como ha señalado el jurista Jeffrey Stake, «era una época anterior al registro de las escrituras en los juzgados de los condados.... A falta de un buen conjunto de registros, los litigios se basaban en pruebas de enfeoffments anteriores». Por ejemplo, como ha explicado el historiador Keith Wrightson, en una época anterior a los extensos registros escritos y a los contratos, las pruebas de acuerdos antiguos sobre el uso y la propiedad de la tierra podían reducirse a los testimonios de ancianos residentes locales que se basaban en recuerdos sobre lo que la Parte A había negociado con la Parte B décadas antes. En casos como éste, la posesión actual de un bien inmueble era una de las mejores pruebas de que la posesión se había transferido legalmente en el pasado.
En parte por esta razón, la posesión adversa siempre ha incluido un elemento temporal. Históricamente, en la mayoría de las jurisdicciones, un ocupante debe residir en la propiedad en cuestión durante un período de años —a menudo veinte años o más— para poder reclamar la propiedad. Se supone que si el propietario anterior estuvo dispuesto a tolerar al ocupante durante tanto tiempo, la tierra puede haber sido suya todo el tiempo. O puede que el anterior propietario haya abandonado la propiedad.
En resumen, la posesión adversa se justifica a menudo porque ayuda a resolver la ambigüedad de las reclamaciones de propiedad. Incluso hoy en día, los títulos de propiedad no siempre son claros como el cristal. La cadena de titularidad de una propiedad puede verse «enturbiada» por una titularidad poco clara en el pasado. (Históricamente, los jueces y los responsables políticos han considerado que los derechos de los ocupantes son útiles porque pueden «restablecer» las reclamaciones de propiedad y «silenciar» un título confuso. La posesión adversa ofrecía así un medio para resolver disputas potencialmente duraderas sobre la cadena de titularidad.
Otros argumentos a favor de los derechos de los ocupantes se basan en nociones populares sobre el uso adecuado de los bienes inmuebles. Por ejemplo, la posesión adversa se ha apoyado a veces como medio de obligar a los propietarios a vigilar su propiedad. Si las ausencias prolongadas fomentan la ocupación, se piensa que es más probable que los propietarios se aseguren de que la propiedad está en orden. Del mismo modo, los derechos de los ocupantes se han justificado alegando que los propietarios ausentes no están utilizando la tierra de forma tan eficiente o productiva como deberían. Según este pensamiento, es mejor tener ocupantes en la tierra, utilizándola y mejorándola, que dejar que los propietarios ausentes «no hagan nada». Algunos partidarios de la posesión adversa —tanto históricamente como en la actualidad— han creído que los propietarios que no están «usando» la propiedad de forma visible no merecen poseerla.
Los derechos de los ocupantes como violación de los derechos de propiedad
Cabe pensar que la posesión adversa es aceptable cuando se utiliza como medio para resolver disputas en casos en los que no está claro quién es el verdadero propietario de un bien inmueble.
Más allá de esto, sin embargo, la posesión adversa equivale a poco más que un medio de violar los derechos de propiedad.
Por ejemplo, el uso de los derechos de los ocupantes para hacer más eficiente el uso de la tierra carece totalmente de mérito si valoramos la protección de la propiedad privada. Después de todo, la idea de que la «sociedad» puede decidir qué constituye un uso «eficiente» o «correcto» de la tierra se basa en la noción profundamente errónea de que existe un uso objetivamente adecuado de la tierra independiente de las preferencias subjetivas del propietario. En cambio, una visión más sólida de la propiedad reconocería que el propietario debe ser libre de determinar por sí mismo qué constituye un uso eficiente. Si la preferencia de un propietario es dejar un campo en barbecho o un edificio vacío durante un tiempo, entonces el propietario ha determinado que éste es el curso de acción más rentable, ya sea rentable en términos de ganancia monetaria o en términos de ganancia psíquica. Ningún planificador gubernamental o juez puede determinar mejor cómo utilizar la propiedad.
Otras justificaciones de los derechos de los ocupantes, como motivar al propietario para que visite sus tierras con regularidad, equivalen a una forma de extorsión. En este caso, el régimen está diciendo esencialmente «haz lo que queremos o entregaremos tu propiedad a cualquier intruso aleatorio que decida establecerse allí».
Además, las afirmaciones de que la falta de uso activo por parte de los propietarios constituye abandono son extremadamente sospechosas. No está claro por qué un bien inmueble se convierte en «abandonado» simplemente porque el propietario no ha estado presente durante un tiempo. Esto es aún más insostenible en los tiempos modernos, en los que el propietario de un inmueble casi siempre aparece claramente indicado en los registros oficiales. Murray Rothbard sostiene además que la propiedad por contrato ciertamente no «expira» simplemente porque el propietario esté físicamente ausente. Esto tampoco es cierto en los casos en los que una persona ha establecido la propiedad mediante el homesteading, el proceso de homesteading no necesita renovarse continuamente. Sobre esto, Rothbard escribe:
La ley consuetudinaria de la posesión adversa establece arbitrariamente un plazo de veinte años, tras el cual el intruso [es decir, el ocupante], a pesar de su agresión contra la propiedad ajena, conserva la propiedad absoluta de la tierra. Pero nuestra teoría libertaria sostiene que la tierra sólo necesita ser transformada una vez por el hombre para pasar a ser propiedad privada. Por lo tanto, si [un ocupante potencial] se encuentra con un terreno que de alguna manera lleva la marca de un uso humano anterior, es su responsabilidad asumir que el terreno es propiedad de alguien. Cualquier intrusión en su terreno, sin más averiguaciones, debe hacerse a riesgo de que el recién llegado sea un agresor.
Los derechos de los ocupantes como arma política
Sin embargo, hay muchas ocasiones y lugares en los que los grupos a favor de los derechos de los ocupantes ni siquiera sostienen que los derechos de propiedad sean ambiguos, o que la tierra caería en desuso y mala gestión sin que los ocupantes se hicieran cargo de ella.
Más bien, los derechos de los ocupantes se han utilizado a veces como armas políticas y como medio para comprar votos o recompensar a grupos políticamente favorecidos. En estos casos, los responsables políticos simplemente han determinado que los derechos de los ocupantes son políticamente convenientes.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el siglo XIX, la ocupación estuvo a punto de convertirse en una especie de programa de asistencia social aprobado por el gobierno federal. Como se explica detalladamente en el libro de John Suval Dangerous Ground: Squatters, Statemen, and the antebellum Rupture of American Democracy, los jacksonianos y otras facciones del partido Demócrata en el Congreso apoyaron activamente la ocupación generalizada en toda la frontera americana. En aquella época, las ocupaciones se empleaban como medio para robar tierras a indios, mexicanos y cualquier otro grupo que los activistas proocupantes del Congreso consideraran indeseable. De este modo, la ocupación servía como un tipo de política social. Cuando los funcionarios se ponían del lado de los ocupantes en detrimento de los propietarios legítimos, transferían riqueza del grupo desfavorecido (es decir, mexicanos e indios) al grupo favorecido de angloamericanos.
En otros casos, el mecanismo era algo más complejo. A menudo, el gobierno federal incautaba primero las tierras a sus legítimos propietarios (es decir, los indios) y luego las subastaba para aumentar los ingresos del gobierno federal. Sin embargo, las políticas favorables a los ocupantes les animaban a ocupar las tierras ilegalmente en lugar de pagar por ellas en la subasta. Una vez que los ocupantes se negaban a marcharse, los demócratas del Congreso aprobaban proyectos de ley que entregaban las tierras a los ocupantes de forma permanente. Esto, por supuesto, desviaba la recaudación de ingresos federales de los colonos —que obtenían tierras gratis— y hacía recaer la carga de los ingresos en los demás.
Los políticos demócratas apoyaron a estos ocupantes porque se suponía que, al recibir estos favores políticos, los ocupantes votarían a partir de entonces a los demócratas favorables a los ocupantes como retribución política.
Ocupación urbana moderna
En el siglo XX, el apoyo a los ocupantes procedía de activistas típicamente de izquierda que favorecían la ocupación como medio de proporcionar vivienda a personas y hogares con bajos ingresos. Durante la Gran Depresión, por supuesto, la ocupación se hizo común en muchas zonas, aunque pocos de estos ocupantes fueron capaces de establecer la verdadera propiedad a través de procedimientos de posesión adversa en las cortes.
El activismo ocupante volvió a resurgir en los 1990, como en el caso de un enfrentamiento entre funcionarios municipales y ocupantes en el East Village en 1995. De nuevo, en este caso, los ocupantes sólo obtuvieron una victoria temporal y acabaron siendo desalojados.
Hoy en día, los derechos de los ocupantes siguen siendo un eterno tema de controversia, y es fácil entender por qué casos como el de Adele Andaloro tocan la fibra sensible de tantos americanos. Incluso los no propietarios respetuosos de la ley pueden imaginarse la pesadilla que sería heredar una casa de los padres fallecidos y que ésta fuera incautada por ocupantes. De hecho, es fácil ver cómo una familia de clase media, habiendo perdido el uso de una casa de esta manera, podría enfrentarse a la ruina financiera inmediata.
Cabe destacar que los movimientos de ocupación de los años 30, 90 y la actualidad son intentos de ocupación urbana en contraste con la ocupación rural y agrícola de épocas pasadas. La ocupación rural solía ser menos densa y los límites de la propiedad eran menos claros. Además, en muchos casos los ocupantes rurales tendían a quedarse en parcelas menos productivas, y la presencia de ocupantes en una parte de las tierras de un propietario no obligaba necesariamente a éste a abandonar la propiedad en su conjunto.
Los terrenos urbanos y suburbanos son algo totalmente distinto. Los ocupantes urbanos y suburbanos tienen más probabilidades de imponer un coste mucho mayor y más inmediato a los propietarios legítimos. Cuando los ocupantes urbanos y suburbanos se apoderan de una vivienda en estas zonas, el propietario no puede utilizarla en absoluto y puede quedarse sin hogar.
Además, cuando los intrusos sin hogar intentan aprovecharse de los derechos de los ocupantes en viviendas urbanas y suburbanas, no existe una verdadera confusión sobre la titularidad o sobre los límites de la propiedad. Estos ocupantes no aparecen en ninguna parte del título de propiedad y nunca fueron residentes de larga duración.
Peor aún, algunas ciudades, como Nueva York, han liberalizado en gran medida los derechos de los ocupantes, permitiéndoles reclamarlos en un plazo mucho más breve que el que se conoce históricamente en los casos de posesión adversa. O, en algunas jurisdicciones, como Atlanta, los funcionarios no quieren o no pueden desalojar a los intrusos en el momento oportuno, y los intrusos se convierten en ocupantes de facto en un período de semanas o meses. De hecho, las ocupaciones modernas en viviendas suburbanas y urbanas se parecen cada vez más a lo que históricamente se ha descrito como verdadera posesión adversa.
Sin embargo, los derechos de los ocupantes siguen contando con el apoyo de varios rincones del panorama político americano. En los contextos modernos, los activistas a favor de los ocupantes suelen ser anticapitalistas que pretenden utilizar la posesión adversa como medio para promover la «equidad» y castigar a los propietarios considerados una clase rentista opresiva. Estos activistas saben que los ocupantes no tienen ningún derecho real sobre la propiedad según las definiciones tradicionales de los derechos de los ocupantes. Esto está claro en el mundo moderno, donde la propiedad de bienes inmuebles implica múltiples capas de documentación.
En la mayoría de los casos, el uso moderno de los derechos de los ocupantes no es más que defraudar a los propietarios legítimos y apoderarse de su patrimonio.
