A medida que el gobierno de Haití, reconocido internacionalmente, pierde el control del poder, el pequeño país caribeño se sume en la violencia. Los medios de comunicación se apresuran a culpar, implícita o explícitamente, de la violencia a la ausencia de instituciones estatales.
Situaciones como ésta se utilizan a menudo para descalificar a los libertarios. Antes de Haití, fue Somalia la que experimentó un denominado periodo sin Estado en los 1990 y principios de los 2000.
Aunque pocos sugerirán que los libertarios quieren el tipo de violencia y caos que vimos en Somalia y vemos hoy en Haití, a menudo se afirma que, independientemente de lo que quieran los libertarios, los cambios por los que abogan conducirán inevitablemente a tales condiciones sin ley.
Aunque esta afirmación pueda parecer sencilla a primera vista, no está bien fundamentada en la realidad. En Somalia, por ejemplo, el economista Benjamin Powell ha descubierto que en la última parte de la década de los 1990, después de que las facciones beligerantes abandonaran en gran medida la lucha por el control de toda Somalia, el país experimentó un período de paz y crecimiento económico sin parangón entre los países comparativamente pobres de la región.
Sin embargo, está claro que eso no es lo que está ocurriendo en Haití. El país está sufriendo una violencia generalizada. Sin embargo, cuando se expone el contexto completo de la situación de Haití, queda claro que la culpa de la difícil situación actual del país recae en las acciones de los Estados, no en su ausencia.
El Haití que conocemos hoy nació de una revuelta de esclavos en 1791. La revuelta se convirtió en una revolución contra los franceses que, tras trece años de lucha brutal, condujo a la creación del Estado soberano de Haití en 1804. Pero los problemas del país no habían hecho más que empezar.
Debido a la política interna de esclavitud, el gobierno de los Estados Unidos se negó a reconocer a Haití hasta 1862. En su lugar, impuso un aplastante embargo comercial al pequeño país. Mientras tanto, el gobierno francés impuso duras indemnizaciones a los antiguos esclavos de Haití por la pérdida de ingresos.
Los EEUU invadió Haití en 1915 y ocupó directamente el país durante diecinueve años. Pero incluso después de que las tropas se marcharan, Washington seguía teniendo el control. Durante las tres décadas siguientes, el gobierno de EEUU apoyó la dictadura de Duvalier, pasando por alto su flagrante brutalidad hacia el pueblo haitiano.
Jean-Claude Duvalier fue derrocado en 1986. Durante el resto del siglo XX, Haití estuvo marcado por el régimen militar, los golpes de Estado y la ocupación extranjera.
Como Marcel Gautreau detalló en Poder y mercado la semana pasada, la agitación política continuó en los años posteriores a la Guerra Fría, gracias en gran parte al gobierno de EEUU: «Desde el final de la Guerra Fría, los EEUU ha derrocado al gobierno de Haití tres veces. En 1991 para sacar del poder al presidente Jean-Bertrand Aristide. En 1994 para volver a poner a Aristide. En 2004 para destituir de nuevo a Jean-Bertrand Aristide, seguido de una invasión de marines».
La inestabilidad política se prolongó durante los 2010, cuando Haití se vio sacudido por un gran terremoto en 2010 y un huracán en 2016.
Así, siglos de intromisión de Estados extranjeros atraparon al pueblo de Haití en la pobreza y lo condenaron a soportar ciclos interminables de regímenes impopulares respaldados por el extranjero. Y hoy las cosas no son diferentes.
Los disturbios actuales se remontan a 2021, cuando el presidente haitiano, Jovenel Moïse, fue asesinado a tiros por un grupo de pistoleros. Después, con el apoyo del presidente de EEUU Joe Biden, el primer ministro haitiano Ariel Henry tomó el poder.
El hecho de que Henry se hubiera convertido en primer ministro dos días antes del asesinato de Moïse, hubiera estado en contacto con algunos de los sicarios antes y después del tiroteo, hubiera disuelto rápidamente el Consejo Electoral Provisional y contara con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos perjudicó su legitimidad a los ojos de muchos haitianos. Pero el último clavo en el ataúd llegó un año después, cuando Henry dio los primeros pasos esbozados por el Foro Económico Mundial para iniciar la transición de Haití lejos de los combustibles fósiles.
Se produjeron disturbios en todo el país y se pidió la dimisión de todo el gobierno. Pero los disturbios pronto se convirtieron en algo más cuando una coalición de «bandas» de Puerto Príncipe, la capital de Haití, construyó un bloqueo alrededor del principal puerto de combustible del país. Jimmy Chérizier, el carismático líder de la coalición, exigió que se concedieran funciones en el gobierno a algunos de los suyos.
En respuesta, Ariel Henry comenzó a trabajar frenéticamente para reclutar una «fuerza policial internacional» que ayudara a acabar con estas «bandas» y con el malestar general que sus acciones anteriores habían provocado. Pero la óptica de pedir ayuda extranjera no hizo sino desmantelar aún más su legitimidad. A principios de este mes, cuando Henry visitaba Kenia para organizar la intervención multinacional, Chérizier pidió la dimisión de todos los funcionarios del gobierno y el arresto de todos los que no acataran la orden.
Chérizier y sus militantes impidieron entonces la entrada de Ariel Henry en el país. Amenazan con matarlo si intenta regresar sin antes dimitir. Henry huyó primero a Nueva Jersey antes de establecerse en Puerto Rico, donde permanece. Mientras tanto, el gobierno de Haití, reconocido internacionalmente, ha perdido el control de gran parte del país.
Así pues, aunque muchos se limitan a calificar a Haití de Estado fallido, es más exacto decir que Haití se encuentra en las primeras fases de una guerra civil. Concretamente, una guerra entre el régimen respaldado por EEUU y una serie de facciones que aspiran a convertirse en el nuevo Estado de Haití. Lo que hace única a esta guerra civil en ciernes es que la «comunidad internacional» sólo se refiere a grupos como el de Chérizier como «bandas», dando a entender que no son ni serán nunca considerados políticamente legítimos. Pero hasta ahora, estas «bandas» están ganando.
A esto se añade el hecho de que no están siendo financiados por la CIA ni por ninguna otra agencia de inteligencia extranjera, por lo que estos militantes no están ataviados con todo el costoso equipo militar financiado por los contribuyentes de EEUU que estamos acostumbrados a ver en los levantamientos exitosos contra los gobiernos establecidos. Es desorientador. Sin embargo, algunos de estos grupos, como la llamada coalición G9 de Chérizier, controlan territorios con fronteras claramente definidas donde disfrutan del monopolio de la violencia. Eso les convierte ya en un Estado de facto.
Por supuesto, la guerra siempre va a ser mala para la población civil, especialmente para la que vive en territorio en disputa. Y, como en cualquier guerra, los oportunistas criminales se aprovechan de la desintegración social. Curiosamente, ha surgido un movimiento en respuesta, que trabaja para armar a todos los civiles haitianos para que puedan defenderse a sí mismos y a sus familias. Aun así, la violencia que asola Haití es brutal y no se vislumbra un final rápido.
En resumen, Haití lleva más de dos siglos atormentado por la intervención estatal extranjera, que ha empobrecido a su población y ha paralizado sus instituciones. Tras el asesinato en 2021 del anterior presidente, el primer ministro respaldado por EEUU se hizo con el poder de una forma que muchos haitianos consideraron ilegítima. Y más tarde, cuando el gobierno intentó promulgar algunas reformas ambientalistas, los haitianos se rebelaron. Ahora las facciones luchan por el control del aparato estatal haitiano mientras el primer ministro respaldado por EEUU trabaja para reclutar una coalición de Estados extranjeros que lo invadan y lo instalen de nuevo en el poder.
Sin embargo, con ello se pretende desacreditar a quienes defendemos que instituciones importantes como el dinero deben volver a estar libres del control estatal, o que los ciudadanos deben tener la posibilidad de optar por otro proveedor de seguridad si no reciben un buen servicio, o que ningún grupo debe tener la última palabra en todas las disputas, incluidas aquellas en las que ellos mismos están implicados.
Por supuesto, es posible que una hipotética sociedad libertaria se convierta en un estado de naturaleza hobbesiano, aunque muchos libros convincentes refutan la idea de que esto sea probable. Pero está claro que eso no es lo que ha ocurrido en Haití. La situación violenta y caótica a la que se enfrenta el pueblo haitiano es el resultado directo de doscientos años de trabajo de Estados extranjeros para definir y controlar la organización política de la nación caribeña. Tal vez, por una vez en su historia, esa decisión debería dejarse en manos del pueblo de Haití.
