La Corte Suprema de EEUU rechazó el jueves las admisiones basadas en la raza en la enseñanza superior en la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC). Es probable que la sentencia ponga en entredicho la legalidad de la mayoría de las políticas de admisión universitaria basadas en la raza, especialmente en las universidades de élite.
En la sentencia (Students for Fair Admissions v. Harvard), una mayoría de jueces dictaminó que el uso de preferencias raciales en el proceso de admisión en las dos universidades violaba la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda. La legislación federal no exigía preferencias raciales en las admisiones en el momento de la sentencia, pero el gobierno federal toleraba el uso discriminatorio de preferencias raciales por parte de las instituciones de enseñanza superior. Esta tolerancia persistió durante décadas a pesar de la aparente violación de la legislación federal por la que las instituciones educativas —entre otras muchas instituciones y negocios privados— no pueden discriminar a los solicitantes por su pertenencia a un determinado grupo racial o étnico.
Así, los opositores a la discriminación positiva —la mayoría de ellos conservadores— se han lanzado a alabar la decisión del jueves como una gran victoria. Sin embargo, para aquellos que esperan decisiones de la Corte Suprema que realmente hagan algo para limitar el poder federal o proteger la propiedad privada, esta decisión contiene poco que alabar. Más bien, el fallo de la corte de esta semana reitera el poder del gobierno federal para gobernar prácticamente todas las instituciones de América en nombre de la lucha contra la discriminación. Peor aún es el hecho de que la corte podría —y debería— haber fallado en contra de Harvard y la UNC utilizando nada más que el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Eso sí que habría limitado el poder federal. En lugar de ello, la corte tomó un camino diferente diseñado para consolidar el poder federal y reafirmar las prerrogativas federales.
En otras palabras, los opositores a la discriminación positiva han ganado una pequeña escaramuza para su pequeña causa, pero los opositores al poder del régimen no han ganado nada en absoluto.
El problema de la Cláusula de Igual Protección
Uno de los avances más perniciosos en la historia de la legislación federal fue la adopción de la llamada «Cláusula de Igual Protección» (recogida en la Decimocuarta Enmienda).
Esta nueva sección de la Constitución, adoptada en 1868, pone patas arriba la Declaración de Derechos. La Declaración de Derechos, por supuesto, se redactó para limitar únicamente el poder federal. Por eso la Primera Enmienda comienza con la frase «El Congreso no hará ninguna ley...». Nótese que no se menciona a las legislaturas estaduales. Fue sólo después de la adopción de la Decimocuarta Enmienda cuando las cortes federales asumieron nuevos poderes para obligar a todos los gobiernos estaduales y locales a cumplir con las novedosas interpretaciones de la Carta de Derechos realizadas por las cortes federales. Conocida como «incorporación», esta nueva doctrina jurídica garantizó que la Declaración de Derechos sirviera para ampliar el poder federal en lugar de limitarlo. Como resultado, los Estados Unidos dejó de ser una verdadera confederación de Estados —tal como se describía en la Constitución ratificada en 1788— y se convirtió en un Estado unitario.
[Más información: «Acabar con la doctrina de la incorporación», por Ryan McMaken]
Además, con el tiempo, las cortes federales empezaron a aplicar la Cláusula de Igual Protección mucho más allá incluso de los actos de los gobiernos estadules y locales. El jurista Allen Mendenhall ha resumido el daño causado:
la Corte Suprema recurriría más tarde a la Cláusula de Igual Protección y a la Cláusula del Debido Proceso para anular leyes estaduales en virtud de la Decimocuarta Enmienda. Pero la Corte Suprema no se ha detenido en las leyes estaduales: gradualmente ha utilizado la Cláusula de Igual Protección y la Cláusula del Debido Proceso como pretexto para regular a ciudadanos y negocios privados. La Decimocuarta Enmienda, que pretendía reducir la discriminación, se ha utilizado incluso, irónicamente, para defender programas de discriminación positiva que discriminan a determinadas clases de personas.
Ceder poder a los jueces federales no los predispone a la libertad. Dado que la Sección Quinta de la Decimocuarta Enmienda permite al Congreso aprobar enmiendas o promulgar leyes que se ocupen de las infracciones estaduales a la libertad individual, no es necesario ni constitucionalmente sensato que el poder judicial federal asuma ese papel. Los miembros del Congreso, a diferencia de los jueces federales que disfrutan de un cargo vitalicio, son responsables ante los votantes de sus estados y, por tanto, es más probable que sufran por su infidelidad a la Constitución.
Así, se ha convertido en algo habitual que los jueces federales justifiquen la intromisión federal en negocios privados y otras instituciones privadas. Por desgracia, los llamados jueces conservadores no son diferentes, y han estado más que felices de preservar y ampliar el alcance del gobierno federal utilizando la Cláusula de Igual Protección como justificación.
No es una victoria contra los planes federales «antidiscriminación»
Lo vemos en la sentencia de esta semana de la Corte Suprema. El dictamen de la corte basa su sentencia contra la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Harvard —una institución estadual y una universidad privada, respectivamente— en la Cláusula de Igual Protección. Esto queda claro en la sentencia redactada por el juez ultraestablishment John Roberts (que también falló a favor del Obamacare):
Por las razones expuestas anteriormente, los programas de admisión de Harvard y la UNC no pueden conciliarse con las garantías de la Cláusula de Igual Protección .... Los sistemas de admisión de los demandados —por muy bien intencionados que sean y aplicados de buena fe—... deben, por tanto, ser invalidados en virtud de la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda.
Recuerda que la ley federal no impone la discriminación positiva en la UNC ni en Harvard. Por lo tanto, fallar en contra de estos planes de discriminación positiva no es fallar en contra de ninguna ley federal, ni dicho fallo limita en modo alguno la ley federal. Más bien, el fallo afirma que las cortes federales deciden lo que las legislaturas estaduales y los consejos de administración de Harvard hacen con sus bienes.
Por supuesto, esto no molestará a la mayoría de los conservadores que se oponen a la Acción Afirmativa, a pocos de los cuales podría importarles menos los abusos del poder federal siempre que ese abuso y ese poder arbitrario se dirijan contra la otra parte. Aquellos que no tienen una estrategia a largo plazo contra el poder federal —y que carecen de cualquier posición de principios en apoyo de la propiedad privada, el control local o el verdadero federalismo— no tendrán ningún problema con el fallo de la corte.
El hecho de que el ala conservadora dela corte optara por reafirmarse en la Cláusula de Igual Protección demuestra su tendencia centralista, ya que podría haber fallado en contra de la discriminación positiva basándose en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El Título VI establece:
Ninguna persona en los Estados Unidos podrá, por motivos de raza, color u origen nacional, ser excluida de la participación en, negársele los beneficios de, o ser objeto de discriminación en virtud de cualquier programa o actividad que reciba ayuda financiera federal.
Si la Universidad de Harvard fuera una organización realmente privada, debería depender totalmente de esa institución la forma en que decide admitir a los estudiantes. Del mismo modo, si la UNC fuera realmente una institución estadual, la forma en que la Universidad de Carolina del Norte lleva a cabo su proceso de admisión debería ser competencia de los habitantes de Carolina del Norte.
Sin embargo, como es bien sabido, ambas instituciones han recibido enormes cantidades de dinero federal en las últimas décadas. Esto se ha producido tanto en forma de becas como de préstamos federales para estudiantes, que permiten a las universidades subir los precios mucho más de lo que los estudiantes podrían pagar sin esos préstamos. Cuando se trata de subvenciones, las cantidades en dólares son impresionantes, por decir lo menos. En 2019, los dólares federales representaron el 70 por ciento de los 800 millones de dólares en subvenciones de investigación de Harvard. La Universidad de Carolina del Norte recibió más de 700 millones de dólares en dólares federales para investigación en 2019.
En otras palabras, estas dos instituciones son instalaciones casi federales, y sin duda entran dentro de las disposiciones del Título VI. El hecho de que estas instituciones estuvieran aplicando políticas de admisión basadas en la raza —es decir, discriminando a los solicitantes sin los antecedentes demográficos «correctos»— significa que quienes pagan impuestos federales se vieron obligados a pagar por las prácticas discriminatorias de estas instituciones. El objetivo del Título VI es acabar con estos abusos.
Una nota final: por si el lector tiene alguna duda persistente de que la sentencia de Roberts tiene cuidado de no limitar realmente el gobierno federal de ninguna manera, podemos destacar la nota a pie de página 4 de la página 22:
Los Estados Unidos, en calidad de amicus curiae, sostienen que los programas de admisión basados en la raza promueven intereses imperiosos en las academias militares de nuestro país. Sin embargo, ninguna academia militar es parte en estos casos, y ninguna de las cortes ha abordado la idoneidad de los sistemas de admisión basados en la raza en ese contexto. Esta opinión tampoco aborda la cuestión, a la luz de los intereses potencialmente distintos que pueden presentar las academias militares.
Si la corte hubiera basado su opinión en el Título VI en lugar de en la Cláusula de Igual Protección, habría sido extremadamente difícil negar que las academias militares —que, por supuesto, están financiadas con fondos federales— deben poner fin a todas y cada una de las preferencias basadas en la raza en las admisiones o en cualquier otro aspecto de la administración. Sin embargo, al minimizar el papel del Título VI, la corte encontró una forma cómoda de evitar lo obvio.
No todos los jueces del SCOTUS optaron por ignorar estratégicamente este hecho. En su opinión concurrente, el juez Gorsuch, el miembro menos malo de la corte, invocó específicamente el Título VI como una razón suficiente para rechazar los esquemas de admisión basados en la raza en Harvard y UNC. Escribe:
El Título VI tiene una fuerza independiente que va más allá de la Cláusula de Igual Protección. No hay nada en él que conceda una deferencia especial a los administradores universitarios. No hay nada en él que avale la discriminación racial en cualquier grado o con cualquier propósito. ... Y nadie puede dudar de que ambas universidades tratan intencionadamente a algunos solicitantes peor que a otros, al menos en parte debido a su raza.
Gorsuch concluye que «el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 no [tolera]» las prácticas discriminatorias utilizadas en Harvard y UNC.
En otras palabras, la corte podría haber fallado en contra de la discriminación positiva sin basarse en disposiciones destructoras de la libertad como la Cláusula de Igual Protección. Si la corte hubiera fallado estrictamente en el sentido de hacer cumplir el Título VI, la decisión de la corte habría enviado el mensaje de que la política de décadas de dar dinero de los contribuyentes federales a los funcionarios de admisión intolerantes había llegado a su fin. Si el ala conservadora de la Corte hubiera respetado realmente la propiedad privada y el verdadero federalismo, habría dejado claro que —en lo que respecta a la legislación federal— las instituciones seguirían siendo libres de discriminar como consideren oportuno siempre que no reciban dinero federal.
Pero eso no es lo que hizo la corte. En lugar de ello, optó por perpetuar el uso desastroso y bien establecido de la corte de la Cláusula de Igual Protección para garantizar que el gobierno federal posea un poder casi ilimitado en nombre de combatir la discriminación.
